• Hoy, 28 de Marzo, el Ayuntamiento con apoyo de todos los grupos políticos se ha aprobado una moción en apoyo a las activistas por los derechos humanos a propuesta de CEAR PV.
• Reconocer públicamente la utilidad y carácter humanitario de la ONG Proemaid y la ONG Open Arms como organizaciones constituidas por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista

Por todas es conocida la monumental tragedia humanitaria desencadenada por el éxodo masivo producido en el Mediterráneo occidental, central y, especialmente, oriental, a partir de 2015 y debido, entre otros factores, a los innumerables conflictos bélicos en Oriente Próximo. Un flujo que empuja a las personas a lanzarse al mar para huir de la guerra y en condición de potenciales náufragos.

Hombres, mujeres, niños y niñas arriesgaban entonces y arriesgan a fecha de hoy sus vidas en el mar, para escapar de la barbarie de la guerra, para alcanzar la seguridad que deben proporcionar los Estados de acuerdo con los tratados internacionales.

En el marco de estas dramáticas circunstancias, son muchas las organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos que acuden a las costas en muestra de solidaridad y hacen una labor de apoyo que va desde el rescate de personas refugiadas, reparto de comida, apoyo social…

Mientras la sociedad civil actúa con solidaridad, la respuesta de los gobiernos es la represión y la justicia. Así ha ocurrido con tres bomberos profesionales sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez miembros de la ONG PROEMAID. Ellos acudieron, por propia iniciativa y con carácter voluntario, a la isla griega de Lesbos para realizar actividades de rescate y salvamento. PROEMAID es una asociación española sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y que está constituida por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de forma voluntaria y altruista.

Desde el principio de la misión en Lesbos, PROEMAID ha reportado su trabajo al Ministerio español de Asuntos Exteriores a través de la Embajada española en Grecia y a las autoridades griegas competentes y directamente a la Guardia Costera.

En el desempeño de su tarea, los tres bomberos fueron detenidos en la madrugada del jueves 14 de enero de 2016 por la Guardia Costera Griega y puestos a disposición judicial por un supuesto delito de tráfico de personas en grado de tentativa y de posesión de armas. Se les arrestó junto con otros dos voluntarios daneses, pertenecientes a la ONG Team Humanity, en cuya embarcación iban circunstancialmente embarcados los miembros de PROEMAID en la noche en que fueron detenidos. Los tres bomberos acudieron a la llamada de la ONG danesa para salir al mar tras recibir un aviso de que había una embarcación con problemas, pero al regresar a puerto tras no encontrarla y fue entonces cuando la embarcación de la ONG danesa fue interceptada en aguas griegas sin migrantes a bordo, tal y como atestigua el expediente judicial.

Tras tres días de arresto en el calabozo de la Guardia Costera de Mitilene, y tras el asesoramiento letrado de un abogado griego, los tres bomberos andaluces fueron puestos en libertad, debiendo abonar un depósito de 5.000 euros cada uno para garantizar su comparecencia en la vista oral, ahora fijada para el 7 de mayo de 2018 en Mitilene, la capital de Lesbos.

Pero este no es un caso aislado. La ONG Proactiva Open Arms, tiene su barco inmovilizado por el gobierno italiano. Esta es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya principal misión es rescatar del mar a las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza.

Sin embargo, en lugar de recibir apoyo de los gobiernos por su trabajo de acción humanitaria, la respuesta es denunciarlos por supuesto “tráfico de personas”. Los gobiernos están llevando a cabo una campaña contra los barcos que acuden a las costas mediterráneas al apoyo de las personas refugiadas que solo buscan una oportunidad de dignificar sus vidas y las de sus familias. Son tres los miembros de la embarcación que están investigados por la fiscalía de Catania por un supuesto «tráfico de personas», entre ellos el capitán del Open Arms, Marc Reig, y la jefa de misión, Anabel Montes. Por ese delito, se les podría pedir penas de cárcel de cinco a siete años, aunque están a la espera de que el juez les informe. Su barco atracó el sábado en el puerto italiano de Pozzalo tras un incidente con guardacostas de Libia durante un rescate de refugiados a 73 millas de la costa del país africano. Los tripulantes del Open Arms denunciaron amenazas por parte de los guardacostas que impidieron a buena parte de los migrantes acercarse a su barco y la respuesta del gobierno italiano fue retenerlo.

Otro caso destacado en el que se criminaliza las acciones de solidaridad, es la persecución de Marruecos hacia la activista Helena Meleno, quien ya ha sido llamada a declarar en Marruecos por una causa penal sobre sus llamadas a Salvamiento marítimo para apoyar a las personas migrantes que venían a costas española. 

Pese a las adversidades y la desafortunada criminalización de la actividad de las activistas defensoras de los derechos humanos, ellas y las organizaciones sociales sigue
desplegando solidaridad allí donde se encuentran.

ACUERDO

1. Reiterar el apoyo del Ayuntamiento de València a D. Manuel Blanco, D. José Enrique Rodríguez y D. Julio Latorre por su labor humanitaria realizando trabajos de rescate y salvamento en la isla de Lesbos (Grecia).

2. Reconocer públicamente la utilidad y carácter humanitario de la ONG Proemaid y la ONG Open Arms como organizaciones constituidas por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista.

3. Mostrar la solidaridad con Helena Maleno Garzón en su reconocido trabajo en defensa de los derechos humanos y exigir que se respeten todos sus derechos fundamentales, en particular, los relativos a la tutela judicial efectiva y a un proceso judicial con todas las garantías.

4. Reconocer y mostrar su apoyo al trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como los cooperantes, miembros de salvamento marítimo y de las fuerzas armadas y todas las demás personas que prestan ayuda, rescate y asistencia a las personas migrantes.

5. Reiterar la inquebrantable convicción del Ayuntamiento de València del derecho que asiste a todo/a solicitante de asilo, refugio u otra forma de protección internacional subsidiaria, a solicitar tal estatuto en las condiciones que estipulan los convenios internacionales, y todo ello más allá del reconocimiento que supone el cumplimiento del deber irrenunciable de socorro a náufragos -sea cual fueres el estatuto jurídico que éstos tengan o al que aspiren- que queda acreditado en la públicamente celebrada labor de los tres bomberos andaluces y su ONG.

6. Trasladar el presente Acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, a que continúe prestando su apoyo consular a Helena Maleno en Marruecos y a las autoridades marroquíes e italianas para que garanticen la labor de defensa de los derechos de las personas migrantes.